La nueva versión del ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES | Manuel Merelles Pérez

La nueva versión del ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES

La nueva versión del ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES

Ya se conoce la nueva versión del ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES impulsada desde el gobierno. En esta versión, de 11 de noviembre de 2014 y en lo que se refiere al ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, son varias las conclusiones que pueden ponerse de relieve.

- Se mantiene la necesaria obligación de colegiación al recogerse en la Disposición adicional primera que “es obligatorio estar colegiado en los Colegios que se indican para ejercer las actividades profesionales o profesiones siguientes: ñ) En un Colegio de procuradores para la intervención como procurador ante órganos judiciales, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”.

- En el Preámbulo de la última versión del ALSCP, parece adelantarse la idea de que la remuneración de los Procuradores continuará regulándose por Arancel, pero estableciéndose los “criterios que deberá seguir el Gobierno para revisar el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.” Esto es, la nueva iniciativa legislativa se aparta de la intención primigenia de derogar el sistema retributivo por Arancel para convertirlo en un sistema de máximos que se desarrolla en la disposición transitoria cuarta y en la Disposición adicional decimosegunda bajo los siguientes criterios:

1. El arancel de derechos de los procuradores de los tribunales tendrá carácter de máximo.

2. Los procuradores estarán obligados a entregar un presupuesto previo a sus clientes. En dicho presupuesto constará expresamente la disminución ofrecida respecto del arancel máximo previsto en la normativa. En el caso de que no se ofrezca ninguna disminución, también constará expresamente este hecho.

Cuando hubiere condena en costas a la totalidad, las retribuciones del procurador serán en todo caso las pactadas por éste y su representado, cuando éstas sean inferiores al arancel máximo fijado en la normativa.

Cuando la imposición de costas lo sea a una parte de éstas o hasta una cifra máxima, se aplicarán las retribuciones pactadas por el procurador y su representado, cuando éstas sean inferiores al arancel máximo establecido en la normativa, y hasta el límite fijado en la resolución en la que se acuerde la imposición de las costas.

3. La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 euros.

4. En los procesos concursales la base para regular los derechos que se devenguen será el 50 por 100 del pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores presentada por la administración concursal.

5. La actuación consistente en la realización de actos de ejecución para los que se confiera al procurador la condición de agente de la autoridad y, en su caso, la capacidad para documentarlos, en los términos previstos en la ley, no estará retribuida.

6. A la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno de la Nación aprobará por real decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia y de Economía y Competitividad, la adecuación del arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.

7. Hasta la aprobación del real decreto a que se refiere el apartado anterior, se aplicarán los aranceles previstos en el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, reducidos en un 10% cuando el procedimiento sea de cuantía hasta 601.012 euros, reducidos en un 30% cuando la cuantía esté comprendida entre 601.012, 01 euros y 10.000.000 euros, reducidos en un 40% cuando la cuantía esté comprendida entre 10.000.0000,01 euros y 50.000.0000 euros, reducida en un 50% cuando la cuantía esté comprendida entre 50.000.000,01 euros y 100.000.000 euros, reducidos en un 60% cuando la cuantía sea superior a 100.000.000,01 euros.

8.- Estos aranceles tendrán carácter de máximo y podrán ser objeto de reducción ilimitada mediante pacto entre el procurador y su representado.

9.- Por otra parte, se recoge expresamente que el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, mantendrá su vigencia, en lo que no se oponga a lo previsto en esta disposición adicional.

10- Por lo que se refiere a los derechos de remuneración devengados por los procuradores con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley la disposición transitoria cuarta establece que “los criterios recogidos en la disposición adicional decimosegunda sobre el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales será de aplicación a las actuaciones o procedimientos que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta ley”; manteniendo entonces la vigencia del actual arancel para los procedimientos en curso.

- La versión de 11 de noviembre del ALSCP introduce la modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de  Abogado y Procurador de los Tribunales, para establecer un único título profesional de abogado y procurador que habilite para el ejercicio de ambas profesiones. Por otra parte, la disposición transitoria sexta recoge el necesario régimen transitorio derivado de la modificación de la Ley 34/2006.

- La Disposición final tercera recoge la modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, en la que se recogen fundamentales novedades.

-       Se modifica el artículo 1 al establecer como objeto de la ley de acceso, la regulación de las condiciones de obtención del título profesional que habilita para el desempeño de las profesiones de abogado y de procurador de los tribunales.

-       Se recoge expresamente el carácter de ambas profesiones de “colaboradores en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”, y el fin último de éstas: “garantizar el acceso de los ciudadanos a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad”.

-       La obtención del título profesional de Procurador se configura como “necesaria obligación” para desempeñar la representación legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador, “realizando los actos de comunicación a las partes y aquellos otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que la ley les autorice, así como para utilizar la denominación de procurador de los tribunales, sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la procura. “

-       Se configura la obtención del título profesional de abogado y procurador como requisito imprescindible para la colegiación en los correspondientes colegios profesionales.

-       Para obtener el título profesional de abogado y procurador de los tribunales será preciso estar en posesión del título universitario de licenciado en Derecho, o del título de grado que lo sustituya y que acrediten su capacitación profesional mediante la superación de la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por esta ley.

-       La formación especializada necesaria para poder acceder a la evaluación conducente a la obtención del título es una formación reglada y de carácter oficial que se adquirirá a través de la realización de cursos de formación acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia a través del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Podemos destacar entre las previsiones de la Disposición transitoria sexta, relativa al régimen transitorio derivado de la modificación de la Ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador:

-       Que quienes en el momento de entrada en vigor de esta ley, estuvieran en posesión del título profesional de abogado o de procurador de los tribunales, estarán habilitados para el desempeño de las profesiones tanto de abogado como de procurador.

-       Los que en el momento de entrada en vigor de esta ley hayan superado o estén realizando alguno de los cursos de formación para abogados o para procuradores acreditados por Resolución conjunta del Secretario de Estado de Justicia, anterior a dicha fecha, podrán obtener el título profesional que habilita para el desempeño de ambas profesiones mediante la superación de las respectivas pruebas de evaluación que para el acceso a ambas profesiones prevé la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, según la redacción previa a la modificación operada por esta ley.

-       Con esta finalidad el Ministerio de Justicia procederá a la convocatoria de pruebas de evaluación separadas en los 18 meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley.

 

Última actualización de post: 17.11.14.20.52 Enlace a la MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO del ALSC 11/11/2014

La  futura Comisión de Reforma de las Profesiones

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4 Comentarios | Leído 3254 veces

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4 Respuestas a “La nueva versión del ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES”

  1. Diego Jesús Romero Salado dice:

    Estimado amigo,

    He leído atentamente tu artículo y creo que las funciones de representación y defensa pueden ser asumidas por abogado de forma simultánea sin necesidad de procurador, como de hecho la legislación vigente permite en algunos casos. Pero, no obstante, me pregunto a “bote pronto” ¿qué sentido tiene que la última versión modifique la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, “para eliminar como requisito de creación de estas sociedades la exigencia de colegiación
    obligatoria en la actividad profesional que constituya su objeto social, así como para permitir expresamente a las sociedades profesionales multidisciplinares el ejercicio
    simultáneo de la abogacía y la procura”? ¿Cómo nos afectaría a los pequeños despachos rurales?

  2. Estimado Diego, gracias por tu aportación y aunque respeto tu opinión, no puedo compartirla pero a buen seguro que tendremos oportunidad de debatirla. En cuanto a la cuestión que planteas, ya en la versión de 2 de agosto de 2013, se modificaba la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, para eliminar como requisito de creación de estas sociedades la exigencia de colegiación obligatoria en la actividad profesional que constituya su objeto social. La propia MAIN se hace eco ello y viene a reconocer que en la nueva versión, además se propone permitir expresamente a las sociedades profesionales multidisciplinares el ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura, esto es, autorizar que abogados y procuradores se integren en una misma asociación profesional, como excepción a lo previsto en dicha ley que permite que las sociedades profesionales puedan ejercer varias actividades profesionales, siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de rango legal. De esta forma, el cliente tendría la posibilidad de obtener una “atención integral” – esto es, los dos servicios que la ley le obliga a contratar, para la defensa y la representación – a través de una sola asociación profesional. La intervención en el proceso judicial se efectuaría mediante abogado, que ejercería la defensa, y procurador, que ejercería la representación procesal y las demás funciones previstas en la ley.
    Que ¿cómo afectaría a los pequeños despachos?, evidentemente eso sería una cuestión interesante de abordar, pero me atrevo a deducir que todas cuantas reformas se justifican en criterios económicos tienen un objetivo claro; intentar hacer ceer al ciudadano que la simple reducción de costes y precios implica un beneficio, aunque ello se haga a costa de una monopolización de los mercados, en los que, curiosamente, sólo podrán competir las grandes asociaciones y despachos. Y sino, al tiempo.

  3. Enrique dice:

    Hola buenas,

    Me gustaría saber como la tramitación de este anteproyecto de ley, si al final se tramitará y convertirá en ley, y si fuera así cuando se prevé su publicación.

    Saludos y felices fiestas.

    • Buenas tardes Enrique. Poco se sabe de cómo va la tramitación. La última versión, a la que hacemos referencia en el post, ni tan siquiera se presentó para su aprobación y pese al interés del Ministerio de Economía en llevarla adelante, todo parece que el período electoral que se avecina incidirá a su congelación, aunque es mucho aventurar.

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