La adscripción al turno de oficio; voluntariedad y garantía de calidad del servicio al ciudadano | Manuel Merelles Pérez

La adscripción al turno de oficio; voluntariedad y garantía de calidad del servicio al ciudadano

En este artículo, publicado por Diario La Ley [1] (Sección Ejercer, 30 Enero 2015) se analiza una interesante y reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se pronuncia sobre la prestación de un servicio que, además de huérfano de una digna remuneración, no ha sido debidamente atendido por la administración en cuanto a recursos económicos, materiales y humanos.

Los profesionales del turno de oficio se han visto desbordados por la escalada exponencial de solicitudes de asistencia jurídica gratuita, a quienes además de soportar un coste que nos les es propio, se les ha venido obligando a prestar un servicio del que no se podían apartar. Sin embargo, esta imposición quiebra con los principios de voluntariedad y garantía de calidad del servicio al ciudadano.

Mayor relevancia cobra esta resolución en un momento como el actual, en el que la situación económica de empresas y familias les impide el acceso a la Justicia, más si cabe, desde la imposición de unas injustas tasas judiciales que supuestamente contribuirían a su financiación.

Esta injusta obligación venía fundamentándose por algunas instituciones, en el artículo 22 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita sin embargo “la ley de justicia gratuita no establece ni impone a los colegios profesionales el establecimiento de un sistema de adscripción obligatoria a todos sus colegiados”, sino lo contrario, el establecimiento de un turno de adscripción voluntaria (justicia gratuita y turno de oficio). Una adscripción obligatoria que además no se remunera sino con una indemnización (no una prestación equivalente) que tiende a cubrir los gastos que ocasiona, y que “apenas cubre el trabajo que se desarrolla”, suponen la imposición de de un trabajo con carácter obligatorio, y por tanto contrario a los estatutos profesionales, “sin que exista una ley que lo autorice”  y de forma innecesaria ,  ”en detrimento del la calidad del Servicio para los justiciables”, tratando a “los ciudadanos que acceden a la justicia gratuita de forma desconsiderada sin atender la valiosa contribución que debe hacerse al sistema con profesionales que se adscriben libremente y desean dicha designación con formación específica para ello sin que los tribunales lo hayan reparado”.
[1] Diario La Ley. Especial Management. Sección Ejercer 30/1/2015, Autor Manuel Merelles Pérez.
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